El ministro de Economía de la Provincia, Jorge Ibáñez, aclaró que “ningún presidente puede derogar” la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y calificó como una “barbaridad jurídica y política” la propuesta de eliminar el sistema de distribución a las provincias que pregona Javier Milei en campaña. Además, admitió que “habrá una recomposición salarial” a estatales para el último tramo del año, sin confirmar fecha.
En el marco de su campaña electoral y la difusión de sus propuestas o ejes de gobierno, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, planteó la necesidad de avanzar sobre la eliminación del sistema de coparticipación federal con la lógica de que “cada provincia gaste en función de lo que recauda”, usando a Formosa como ejemplo de su exposición.
Al respecto, el ministro de Economía de la Provincia, Jorge Ibáñez, expresó: “es una barbaridad jurídica y política. La coparticipación federal de impuestos tiene rango constitucional desde la reforma del 94. El sistema de distribución de los recursos está normado y reglamentado en el artículo 75. La recaudación de impuestos por el Estado Nacional y su redistribución tiene un objeto igualitario y solidario, tendiente a lograr un grado de desarrollo social y económico en todo el cuerpo de la nación.
Además, para que se efectivice este reparto de recursos nacionales a las provincias, hay un complejo procedimiento anclado en una ley convenio que tiene vigencia a través de acuerdos de las provincias. Por lo tanto, ningún presidente puede derogar la ley de coparticipación, es necesario un proyecto de ley en el Congreso y su debate”, especificó.
Con énfasis, afirmó que “derogar la ley de coparticipación colisiona con la Constitución Nacional y atenta políticamente contra el criterio federal”.
“Es una barbaridad decir que cada provincia tiene que vivir con lo suyo, desconociendo las facultades que tienen los distritos y sobre todo, el desarrollo histórico del sur, centro y norte del país. Con este planteo es prácticamente regresar al año 1853, desaparecerían las atribuciones de las provincias para prestar los servicios de educación, salud y seguridad”, señaló.